En estos días se viene orquestando una campaña, desde un sector de la derecha peruana, con mucha resonancia en los medios de comunicación, en supuesta “defensa de las inversiones” frente a quienes han tildado de “nuevos terroristas” antimineros. Esta campaña ha dejado de ser de ataque político clásico –seamos sinceros, la política peruana es en general puñalera– y ha pasado a ser de destrucción pública y de difamación permanente. Se ha centrado en algunas personas, entre ellas Marco Arana y Verónika Mendoza, ambos figuras políticas con proyección nacional, que han demostrado estar firmemente comprometidos con una manera diferente, otra, de pensar el desarrollo, desde criterios de sostenibilidad ambiental y social.  

A Verónika se la ha acusado de ser mentirosa y estar detrás de los “terroristas” que en Espinar expresan una justa preocupación por la calidad del agua y por los efectos que la contaminación tiene, por ejemplo, sobre los animales (muchos nacen malformados). El reclamo de Verónika es simplemente que se haga una evaluación precisa sobre el origen de la contaminación y que el Estado –sí, el Estado; no un comando terrorista- garantice los derechos de la población a tener un ambiente sano, donde poder desarrollarse sin temor a sufrir los “pasivos” del tan ansiado crecimiento.

Ayer, un congresista declaró para un medio de comunicación –que cada vez desprestigia más al gremio de periodistas– que Marco Arana es el siguiente Abimael Guzmán, y que este nuevo tipo de terrorismo era el “ecológico”. Conozco a Marco. Lo conocí en el 2009 y comencé con él un proyecto político que se llama “Tierra y Libertad”, y puedo decir, porque he tenido más de un debate con él –algunos públicos, en redes sociales, como el que tuvimos en torno al matrimonio igualitario– que si algo es Marco Arana, es un pacifista, convencido de la necesidad de procesos democráticos, y un opositor abierto al uso de la violencia –pero aún de las armas– como mecanismo de acción política.

Quienes conozcan a Marco Arana recordarán el rol que cumplió en el conflicto del Quilich, en la época en la que, siendo párroco de Porcón, intervino en más de una oportunidad, exigiendo a los manifestantes acciones pacíficas. Denunció, y aún lo hace, a quienes han pretendido encauzar la protesta justa de Cajamarca hacia opciones violentas. Si alguien quiere saber un poco más de esa historia, vea el documental “Operación Diablo” (colocado al final del post), donde se señala claramente el rol que cumplió Arana, y también cómo operan los que, de manera desesperada, quieren imponer proyectos que no tienen licencia social.

Pero, ¿es nuevo que a los ambientalistas les digan terroristas? Hoy me enviaron este post, de “Las malcriadas”, página que busca visibilizar el rol de mujeres que a lo largo de la historia han aportado al desarrollo de la humanidad, que, creo, vale la pena colocar: Y ahora que está de moda tachar de "terroristas" (¿?) a quienes cuestionan algunos proyectos por sus impactos ambientales, vale la pena recordar la reacción histérica de la gran industria cuando la malcriadaza y valiente bióloga Rachel Carson publicó su libro "La Primavera Silenciosa" (1962): Los representantes del gobierno y de la industria agrotóxica la tildaron de "comunista", "radical", de poner en peligro las inversiones y el crecimiento económico, de "anticientífica". Años después, finalmente, el venenoso DDT fue prohibido gracias a su obra pionera.

Las sociedades tienen conflictos, todas, porque no hay una manera única de pensar y de ver la realidad. Los conflictos, además, muestran límites de modelos que, por distintas razones, no son sostenibles. Hubo conflictos muy grandes cuando se quiso abolir la esclavitud, por ejemplo, acción que en su época era tildada de “terrorista” porque afectaría la economía basada en la explotación del ser humano. Hubo conflictos antes de que las trabajadoras y los trabajadores lograran que se reconocieran derechos laborales mínimos, para garantizar su desarrollo pleno. A ellos y ellas también las tildaron de terroristas en su tiempo, porque exigir derechos ponía en riesgo la economía.

Los conflictos que hoy surgen en torno a los mega-proyectos mineros están diciéndole algo al país. Quienes protestan no son “terroristas”; son gente que quiere tener la certeza de que sus territorios están siendo cuidados y de que la explotación que se haga genere los mínimos pasivos ambientales posibles. Quieren saber que los recursos que se extraen aportan a un desarrollo que los incluye. Quieren el derecho a defender otras actividades económicas, igualmente importantes para el país, como la agricultura. Quieren que los traten como ciudadanos.

Quienes hoy juegan a achacar el sambenito de “terroristas” a quienes expresan una preocupación por la gestión del territorio, la planificación del desarrollo y la sostenibilidad ambiental del país, no solo anulan la posibilidad de un debate programático serio, sino que, además, ponen en cuestión el derecho a la disidencia, principio básico de la convivencia democrática.