hasta siempre, Arturo Corcuera

Carlicatura de La República

Sin-vergüenza

"Si estoy yendo en mi auto y, de pronto, en una parte de la carretera, me cobran peaje, y yo lo que hago es pasar por un costado, ¿es eso acaso delito?”

Víctor Zavala, Cámara de Comercio de Lima

Publicado: 2015-07-23

Nuestro empresariado no oculta su afán de lucro y su resistencia a dar pasos hacia la modernidad. Sí, no es sólo que tengamos un Estado ineficiente, que no logra resolver las necesidades del Perú del siglo XXI, como nos dicen los medios, sino que tenemos un conjunto de viejos dinosaurios en el mundo empresarial, que quieren los beneficios de la flexibilización desmedida, pero sin regulación formal…Y después nos preguntamos por qué somos un país tan informal. 

No es un secreto que la aspiración de nuestra tecnocracia y de un sector de nuestros empresarios es entrar al “club de los países ricos”, a la famosa OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), fundada en los años 60 y que agrupa a las principales economías del mundo. Desde este club se deciden varias de las políticas económicas que se imponen a nivel global, que tienden a la liberalización de los mercados, profundizan un discurso en el que los derechos son considerados “beneficios” y exacerban la obsesión por el crecimiento, sin entrar en un debate sobre el desarrollo en términos de calidad de vida. Sin embargo, probablemente porque en esos países hay también sólidas organizaciones de la sociedad civil y una ciudadanía activa, la otra cara de la moneda es la fiscalización y la regulación. Así, no se puede tener una economía híper liberalizada sin tener un Estado con capacidad de regulación y fiscalización.

Para entrar al club de los ricos, hay que cumplir algunas reglas que en el Perú han sacado ronchas. ¿A quién? Pues a los gremios empresariales. En el último año, hemos visto cómo la CONFIEP, la SNI y la Cámara de Comercio de Lima, entre otros, han puesto frenos a reformas indispensables para asegurar la transparencia en el funcionamiento del mundo empresarial. Dos son las más escandalosas, de las que poco se habla en la prensa (que responde a los intereses de los grupos económicos, no lo olvidemos) y que muestran la poca vergüenza de un sector importante de nuestro empresariado.

La periodista Claudia Cisneros nos recuerda que el lobby empresarial ha logrado que la última modificación del Código Tributario, que busca controlar la elusión tributaria, haya quedado sin efecto (por tiempo indefinido). ¿Cómo es el tema? En el año 2012, el Ejecutivo sacó un decreto legislativo (1121) que creó la NORMA XVI, “Cláusula General Antielusiva Tributaria”. De lo que se trata es de evitar que, usando artimañas (inflando gastos, arreglando libros contables…mintiendo) se logre una disminución considerable del cálculo de impuestos. Esto ocurre acá y en la China…y en Estados Unidos. Una empresa importante, Apple, está en plena investigación, en EEUU, por presuntamente haber eludido impuestos en el 2011, por 3,500 millones de dólares, y en el 2012, ¡¡¡por nueve mil!!! ¿Y en el Perú, esto no pasa?

Nuestra SUNAT fiscaliza y persigue a los evasores (como, por ejemplo, el ex vicepresidente de la CONFIEP, Lelio Balarezo, de quien tampoco hablan mucho los medios de comunicación), pero tiene pocas herramientas para fiscalizar a quienes declaran menos de lo que deberían y, por lo tanto, pagan (mucho) menos de lo que deben pagar. Pese a haber estado aprobada, desde el 2012 hasta fines del 2014, simplemente la norma NO se aplicó, por decisión de la propia SUNAT (¿Nos suena el nombre de Tania Quispe?). Luego, por presión de los gremios empresariales y sus oficiosos congresistas (¿Nos suena Luis Iberico? ¿Será el que quiere ser presidente del Congreso?), se logró incorporar en la Ley 30230 (sí, el famoso paquetazo) la suspensión indefinida de la NORMA XVI, hasta que se diga qué tipo de elusión se verá. Además, se impide que la disposición sea retroactiva. En cristiano, quieren saber qué mentiras valen, y que se impida que las mentiras pasadas sean cobradas…¡No sean sinvergüenzas, pues!

La segunda reforma que anda durmiendo el sueño de los justos en el Congreso –siempre el Congreso– es la propuesta de la Comisión de Alto Nivel Anti-Corrupción (CAN) que pedía algo que es básico: “Responsabilidad penal empresarial” o, como se llama en otros países: “Responsabilidad autónoma por delitos de corrupción”. ¿De qué se trata? Pues de que si un gerente de una empresa corrompe a un funcionario para poder poner en marcha un proyecto (¿Recordamos el escándalo de la Interocéanica?), la sanción no puede ser sólo para el funcionario y el gerente, sino que debería ser también para la empresa que se beneficie. Algo que resulta obvio, pero no se hace.

Cosas evidentes, como sancionar a empresas que buscan corromper o que tratan de eludir el pago de impuestos, resultan imposibles en el Perú. Nuestros empresarios presionan, nuestros congresistas se prestan a esta presión y nuestro presidente (a quien le robaron hace rato la vergüenza) no defiende ninguna de estas medidas.

Columna A Contraluz publicada en Noticias SER 


Escrito por

marisaglave

Socióloga, Activista del Frente Amplio, Congresista de la República


Publicado en

Marisa Glave

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