El miércoles 16 de noviembre fuimos testigos de una desgracia en el corazón del distrito de Miraflores, en uno de los espacios comerciales más atractivos y emblemáticos del crecimiento económico de nuestro país y en donde todo accidente se esperaría debía ser controlado, pues nada hacía suponer que en Larcomar habrían de morir -esa mañana- 4 personas, 4 peruanos, 4 trabajadores, atrapados por el humo y el fuego que se iniciaron en una de las cadenas de cine más conocidas de Lima.

Aquella mañana del 16 de noviembre un incendio iniciado, a decir de los peritos, por un cortocircuito en el tablero eléctrico de la sala de proyección Nº 11 de la cadena UVK Multicines acabó con la vida de Joel Mario Condori Rejas, Zoledad Moreima Oliveros Trujillo, Sonia Graciela Repetto Chamochumbi y Ana Betsabé Torres Cochachín. Suceso que sigue en investigación. Una tragedia que enluto a 4 familias y a Lima en su integridad; sin embargo, tras la tragedia frente a la pérdida de 4 vidas humanas sobreviene otra que tiene a la transgresión de derechos laborales como escenografía.

El miércoles 23 de noviembre tras la sesión de la Comisión de Vivienda y construcción, la cual presido, conversamos largamente con los familiares de Ana Betsabé Torres Cochachín y Joel Mario Condori Rejas, y pude conocer de las prácticas laborales de UVK Multicines; así, resultó que ambos tenían contratos temporales, en el caso de la Ana Betsabé desde hace más de 5 años, renovables cada 3 meses y por actividades necesarias y propias del desarrollo del cine.

Nuestra legislación dispone que el uso de los contratos a plazo fijo no pueden exceder los 5 años ni ser utilizado para cubrir actividades necesarias o principales de una empresa; así, el uso de estos contratos es excepcional y sólo si se cumple las condiciones propias de cada tipo; no obstante, el uso de los mismos es indiscriminado y ya una característica del empleo en el Perú con el 61,1%[2] de contratación a plazo fijo o temporal, lo que se traduce en inestabilidad y precariedad, tal y como lo demuestra los contratos de Ana Betsabé Torres Cochachín y Joel Mario Condori Rejas con UVK Multicines.

Así también, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha encontrado que los otros dos trabajadores fallecidos estaban contratados bajo recibos por honorarios y no en planilla[4], es decir, trabajadores informales dentro de un empresa “formal”, negándoseles derechos y exponiéndolos a la precariedad, siendo parte del 72,4% de trabajadores y trabajadoras que laboran en un empleo informal, es decir, más de 11 millones 500 mil personas al 2014, en donde el 76,1% de las mujeres peruanas trabajan y en donde nuestros jóvenes se ocupan principalmente (79%)[3]; esto sólo es posible porque no existen los mecanismos adecuados de fiscalización y control.

Y, desde aquí nos preguntamos ¿cómo han de generarse esos mecanismos si es que el gobierno niega el presupuesto para que SUNAFIL implemente nuevas intendencias regionales, ascender y contratar inspectores de trabajo que fiscalicen el cumplimiento de estas normas laborales que UVK Multicines habría violado? ¿Cuántos miles de jóvenes, de mujeres y hombres, bajo estas precarias condiciones se encuentran trabajando en salas de cine, en comercios del boyante sector de gastronomía, de servicios, entre otros? ¿Cuánta precariedad oculta el crecimiento económico del país? Y ¿cuánto se está haciendo por buscar la formalización y el crecimiento económico pero con derechos para los y las trabajadoras peruanas?.

Más allá de las investigaciones que desde la Comisión de Vivienda y Construcción, en ejercicio de nuestra labor de control político y fiscalización, haremos para prevenir y determinar si hay responsabilidad y negligencia desde los diferentes actores públicos y privados, sobre lo ocurrido en UVK Multicines de Larcomar, no podemos dejar de pronunciarnos sobre aquello que subyace a esta tragedia y que tiene como punto de partida derechos sociolaborales en un país en donde la regla parece ser la informalidad laboral, por eso hemos oficiado al Ministro de Trabajo, Alfonso Grados, en espera que nos dé información sobre la situación laboral en las que se encontraban Ana Torres y Joel Condori. 

Desde el Congreso reiteramos nuestro compromiso con las familias de los 4 trabajadores fallecidos, así como de los millones de trabajadores y trabajadoras anónimos, para que en ejercicio de nuestra función fiscalizadora interpelar a las autoridades sobre el cumplimiento y promoción de los mecanismos de control y fiscalización laboral, para que tras la desgracia de la perdida de una vida humana no sobrevenga la miseria de una economía en crecimiento que oculta la precarización e inestabilidad que produce más desigualdad.

[1] Reflexión hecha con el equipo de mi despacho tras los sucesos en UVK Multicines de Larcomar.

[2] GIOVANA ALARCO Y GIANINIA ECHEVARRÍA. “Trabajo Decente en América Latina, Perú”. RedLab y PLADES. Abril 2016

[3] Op Cit, pag 11

[4] http://elcomercio.pe/sociedad/lima/sunafil-dos-empleados-muertos-uvk-no-estaban-planilla-noticia-1949372