Soy parte de una generación que creció entre el terrorismo, la hiperinflación y la dictadura. El Estado fracasó en darnos seguridad, estabilidad y libertades básicas. Con la excusa de la Corrupción y la Violencia, Fujimori nos “vendió” como única salida la concentración del poder en él. El costo de esta “solución” nos llevó a un espiral de corrupción (la que decían que combatirían), de violación de derechos humanos y de amedrentamiento de líderes políticos y sociales que se oponían al régimen fujimorista.

Los herederos políticos de Fujimori vuelven con el mismo guion y con las mismas malas prácticas. Van, como fieras en caza, tras cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y el Fiscal de la Nación. Esto es realmente grave. No es una bravuconada más de un grupo político con tendencia autoritaria. Es un paso firme hacia un golpe institucional.

El Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación son Organismos Constitucionales Autónomos. La autonomía de estos garantiza que ningún otro órgano intervenga en el ejercicio de sus competencias. La decisión de declarar procedente la acusación contra el Fiscal de la Nación es una voluntad expresa de interferir en el ejercicio de sus competencias Esta acción se da, coincidentemente, cuando se reabre por un lado la investigación contra el ex Secretario General (y principal financista) de Fuerza Popular y, por otro lado, se inician las investigaciones a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular tras las declaraciones de Marcelo Odebrecht, quien ratificó que realizó un aporte económico para su campaña.

La intervención destruye a las instituciones, estas dejan de actuar en función de sus competencias para convertirse en herramientas de persecución. El Ministerio Público de Blanca Nélida Colán (condenada a 10 años de prisión por recibir US 10 mil dólares mensuales del SIN de Fujimori) y el Poder Judicial de Rodrguez Medrano (operador de Montesinos condenado a 8 años de prisión) son una clara prueba de ello.

Vivimos en el país una coyuntura política particular, que nos puede llevar a un revés en la consolidación de la Democracia. Los ciudadanos estamos hartos de la corrupción. La certeza de que la política es corrupta muchas veces nos lleva a refugiarnos en el espacio privado, lejos de la contaminación de la política y el ejercicio de poder. El problema no es solo que la corrupción seguirá, es que tenemos un actor político que –amparado una vez más en el discurso de la “lucha contra la corrupción”– pretende darle un golpe a un principio básico de la Democracia: la separación de poderes.

Quitarle peso a lo que ha pasado, dejar que el cinismo o la indiferencia nos gane nos puede llevar a dejar la cancha libre para que la historia se repita. Esta vez como farsa.

*Publicado en diario La República 20/11/2017